La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue la anfitriona de un foro de discusión sobre la temática, con cuatro oradores: Liliana Vietti, diputada provincial y autora de un proyecto de ley para adherir al Protocolo de Atención de Aborto No Punible (ANP) de la Nación, Mónica Rodríguez, médica e integrante de Mujeres por la Solidaridad de la provincia de La Pampa, Gustavo Chaves, abogado y asesor letrado del Hospital Regional Diego Paroissien y Carlos Lombardi, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Cuyo.
Militantes feministas y estudiantes universitarios presenciaron un debate sobre la aplicación de un protocolo que permite el acceso a un derecho, y que fue ratificado y esclarecido con un histórico fallo de la Corte Suprema de la Nación en marzo, según expresaron los oradores.
El repudio hacia el accionar de funcionarios públicos como el gobernador Francisco Pérez, el ministro de Salud Carlos Díaz Russo y las declaraciones de diversos legisladores fueron una expresión común entre los exponentes, y fue también un punto resaltado por Graciela Cousinet, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas, quién aseguró: “Me cuesta no enfurecerme, parece que vivimos en una época oscurantista. No estamos pidiendo ningún favor”, y calificó de “nefastos” a ciertos personajes involucrados en la polémica.
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El abogado Carlos Lombardi inició el foro explicando los eventos que llevaron a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la adolescente de 15 años del Chaco, e indicó que la idea fue “desburrar y esclarecer el artículo 86 del Código Penal, sobre todo para quiénes se negaban hasta el momento a realizar abortos no punibles: hospitales públicos”. Lo novedoso fue la “interpretación amplia del confuso ‘o’ del inciso 2, que ahora implica que son dos supuestos separados: las mujeres violadas y las mujeres ‘idiotas o dementes’”.
Lombardi también explicó otra novedad: la declaración jurada como único requisito para acceder al aborto. La Corte llama a las provincias a implementar protocolos y busca no judicializar (y por ende burocratizar y ralentizar) el acceso al derecho. “Muchas veces, los comités de bioética de los hospitales se lavan las manos y judicializan los pedidos”, indicó el abogado, además de explicar la compatibilidad del fallo con tratados internacionales y la Constitución Nacional y finalizar su exposición asegurando que si Mendoza no aplica un protocolo, rige la ley nacional y la interpretación de la corte.
La diputada Liliana Vietti explicó cómo fue el proceso legislativo desde la aplicación del fallo de la Corte y cómo fue el accionar de los diputados desde ese momento. Indicó que se pidió un informe al Ejecutivo (firmado por unanimidad por todos los bloques políticos) para establecer en qué circunstancia se encontraba el protocolo en la provincia, sin respuesta.
Además, indicó que antes de redactar el proyecto de ley de adhesión al protocolo nacional se estudió las experiencias de varias provincias, entre ellas las que establecieron su propia guía técnica para el aborto no punible.
Se eligió la guía nacional por su complitud: explica la ausencia de penas, los tratamientos humanizados que reciben las víctimas, la decisión personal de cada mujer que decide abortar, la información que se provee, la presencia de sólo un médico durante el procedimiento y el hecho de que si un médico alega objeción de conciencia en el sector público, debe mantenerla en lo privado. “Esta aclaración la hago porque sabemos todos que Mendoza es una provincia muy hipócrita”, en referencia a los abortos clandestinos que se llevan a cabo en clínicas privadas.
Mdz online - septiembre 2012
