"Sin clientes no hay trata”, es el principal lema de la lucha contra la explotación sexual. Pero el tema es tan amplio que involucra diversos aspectos como la persecución del proxenetismo, el cierre de los prostíbulos y la capacitación para funcionarios y policías en esta temática. Por esto, las legisladoras que componen la comisión de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados de Mendoza, se han comprometido –en primer lugar, entre ellas– a trabajar para la elaboración de una ley provincial.
La idea es no dejar sólo en manos de algunas comunas la lucha contra la trata, sino convertirla en una política de Estado. En este sentido, la voluntad de las legisladoras armoniza con la del gobernador Francisco Pérez, quien enviará en breve a la Casa de las Leyes un proyecto para crear el Consejo Provincial de Lucha contra la Trata de Personas.
Espíritu de la norma
Tanto la diputada radical Liliana Vietti, como la justicialista Rita Morcos (ambas integrantes de la comisión de Género y Diversidad) contaron qué es lo que se quiere hacer desde el ámbito legislativo al respecto de la trata.
Lo que buscan es utilizar como base las iniciativas de las diputadas justicialistas Mónica Zalazar y María Godoy. Ambas ideas apuntan a la prohibición, el cierre y la persecución en toda la provincia de la instalación, el funcionamiento, el regento y la promoción de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boliches o establecimientos de locales de alterne.
Ambos proyectos son similares y se acumularían. Plantean que en cada procedimiento que se realice para cerrar estos locales se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo la prostitución. En las iniciativas planteadas, se deja muy claro que en los procedimientos, la medida no está en contra de las trabajadoras sexuales. Cuando las mujeres no puedan acreditar su identidad y su domicilio, serán consideradas víctimas de trata de personas. En este caso, se deberá brindar protección y contención mientras se realiza la denuncia.
Las ideas de ambas legisladoras se apoyan en la ley nacional 26.364, y dejan claro que no se ataca la actividad, sino a las formas de esclavitud sexual.
En cuanto al proyecto de Godoy, tiene una visión más amplia de la problemática. Contempla la creación de una Dirección de Detección, Rastreo y Recuperación de Víctimas contra la Trata de Personas. Esta será la autoridad de aplicación de la norma, la que llevará adelante la búsqueda y el rescate de las víctimas, y también la que determinará campañas de sensibilización y concientización de la sociedad.
Este organismo se conformará entre diversas áreas: Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad, la DGE, y la Subsecretaría de Trabajo, entre otros.
Además determina que las multas hacia quien alquile uno de estos locales será determinada por el Municipio y que el dinero de la multa se repartirá 15% para la Comuna y 85% para el sostenimiento del programa. El punto es que Francisco Pérez también enviará un proyecto que se relaciona con la trata de personas y apunta a la creación de un consejo provincial. La puesta en funcionamiento de este organismo está contemplado en la ley nacional, tanto como la línea gratuita de denuncias, 0-800-trata que está bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos.
Seguramente habrá que ajustar las iniciativas para que no resulten redundantes.
Principales puntos de la iniciativa
1. Prohibir la instalación de prostíbulos y locales de alterne.
2. Determinar qué se entiende
por prostíbulos.
3. Los locatarios de estos lugares serán notificados de las clausuras dispuestas.
4. Los locatarios serán inhabilitados por 10 diez años para ejercer actividades inmobiliarias.
5. Se apunta a proteger a las víctimas en todo el procedimiento.
6. Autoridad de aplicación: será interministerial entre Subsecretaría de Trabajo, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Salud, Seguridad y la Dirección de Escuelas. Se creará entre estas dependencias la dirección de detección, rastreo y recuperación de víctimas de trata de personas.
7. Además del rescate de las víctimas, apuntará a la protección
y tareas de concientización y sensibilización de la sociedad.
8. Incorporar la lucha contra la explotación sexual en la currícula escolar.
9. Sumar a los municipios y que sean estos los que determinen el monto de las multas.
10. La recaudación por las multas que se coloquen se repartirán 15% para los municipios y 85% para la dirección de detección y rastreo.
11. Los fondos para el funcionamiento del sistema serán
de la Provincia, pero se podrán firmar convenios con organismos nacionales e internacionales.
Bicameral especial
Tanto la problemática de trata de personas, como la de violencia de género, entre otros temas, ameritan que se conforme una bicameral para trabajarlos. Esto es lo que opina la senadora Alejandra Naman (Nuevo Encuentro).
El punto es que en la Cámara de Diputados la comisión ya existe y su presidenta es una de las autoras de los proyectos de trata, Mónica Zalazar. Pero en el Senado, nunca se ha logrado que se cree. La idea de Naman es que funcione una comisión en conjunto entre ambas cámaras, como sucede con la de Seguridad. Ya que el espíritu de los proyectos es similar y la intención es que obtengan sanción, independientemente de la Cámara de origen de los mismos. fuente:diariouno.com
Toda iniciativa tendiente a erradicar el tráfico y la trata de personas siempre significa un avance, y merece mi aprobación. Los puntos del proyecto que se destacan en esta noticia son importantes , especialmente, el relacionado con la prevención y la incorporación de la temática en las escuelas, medidas que evidentemente conducen a concientizar a la sociedad sobre este flagelo y forma actual de esclavitud. Como siempre destaco, es de desear que se concrete como ley provincial, a la brevedad, y se cumpla en la realidad y se realicen medidas eficaces y no quede en "letra muerta". Susana Treviño Ghioldi
Violencia Laboral Rosario - marzo 2013
Violencia Laboral Rosario - marzo 2013
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